Cap. 4 - Restablecimiento del Impuesto sobre el Patrimonio

4.2. Modificaciones en el Impuesto sobre el Patrimonio

Las principales modificaciones que se introducen por el Real Decreto-ley 13/2011 son las siguientes:

  • Se incrementa hasta 300.000 euros la exención parcial en la determinación de la base de cómputo para la vivienda habitual que anteriormente estaba fijada en 150.253,03 euros. Cabe recordar que la determinación del valor por el que debe computarse es el mayor entre (i) el precio de adquisición; (ii) valor catastral y (iii) valor comprobado por la Administración a otros efectos
  • Adicionalmente, se eleva hasta 700.000 euros el mínimo exento a aplicar en la reducción de la base imponible. Dicho mínimo se aplica tanto a los contribuyentes por obligación personal que residan en una Comunidad Autónoma que no tenga establecido un mínimo exento específico así como para los contribuyentes por obligación real (1). Cabe señalar que con la anterior redacción, el mínimo exento general ascendía a 108.182,18 euros (no obstante, 5 Comunidades Autónomas habían establecido su propio mínimo exento (2)). Es preciso destacar que la normativa en vigor no establece que sea de aplicación el mínimo exento de carácter general (ahora superior) cuando el establecido por la respectiva Comunidad Autónoma resulte inferior. En este sentido, algunas Comunidades Autónomas están adaptando el mínimo exento para adecuarlo a la nueva situación normativa.
  • En cuanto a la obligación de declarar y autoliquidar, el art. 37 de la Ley 19/1991 establece que están obligados a presentar declaración los contribuyentes a los que resulte una cuota a ingresar. Alternativamente, deberá presentarse declaración cuando el valor de los bienes o derechos resulta superior a 2.000.000 de euros.
  • Se establece una bonificación del 100% de la cuota íntegra del Impuesto sobre el Patrimonio con efectos desde el 1 de enero de 2013. Por tanto, la aplicación del Impuesto sobre el Patrimonio se exigirá en relación con los ejercicios 2011 y 2012, todo ello con el propósito de incrementar la recaudación fiscal para contribuir a la reducción del déficit de las Administraciones Públicas.
  • Se establece la exigencia relativa a los no residentes que operen en España por mediación de establecimiento permanente, o cuando por la cuantía del patrimonio situado en España así lo requiera la Administración tributaria, nombren un representante en España y comunicarlo antes del fin del plazo de declaración del tributo. El incumplimiento de dicha obligación constituirá una infracción tributaria grave sancionable con una multa pecuniaria fija de 1.000 euros.

(1) Con la anterior normativa, el mínimo exento únicamente era de aplicación a los contribuyentes por obligación personal. De esta forma, la nueva regulación pone fin a una evidente discriminación incompatible en el seno de la Unión Europea.

(2) Cataluña y Galicia: 108.200 euros; Islas Baleares y Canarias: 120.000 euros y Cantabria: 150.000 euros. En este sentido, cabe reseñar que Galicia, Canarias y Cantabria han adecuado el mínimo exento al límite estatal (700.000 euros).